“Defender los derechos humanos es preservar nuestros recursos hídricos, construir un modelo económico alternativo al modelo extractivo que nos permita una genuina distribución de la riqueza. Terminar con la idea que supone que para que algunas sociedades progresen, otras deben ser contaminadas y saqueadas”. [1]

“Esto es por temor al poder real, o porque no han roto los paradigmas que éste les ha impuesto, aún no se han hecho el planteo serio, no coyuntural, estratégico y clave para nuestros próximos cien años: Cómo transitar de la Argentina extractiva primaria a la Argentina alimentaria orgánica, tecnológica y con valor agregado. No es menor el punto que la primera requiere de un esquema de concentración de poder, y el segundo de la difusión del poder en relaciones de mayor democracia real, del minifundio, de la educación, la información y la capacitación”. [2]

“Minutos antes de que arribaran las autoridades, una combi blanca se estacionó detrás nuestro. Estela de Carlotto, Hebe de Bonafini, Luis Duhalde, Horacio Verbitski, Víctor Laplace, entre otros, bajaron del vehículo y pasaron a nuestro lado.
Nos acercamos a cada uno de ellos e intentamos explicarle sobre nuestra lucha. Ninguno se detuvo, ninguno preguntó el por qué de un vallado policial si sólo portábamos carteles de defensa del agua y la vida”. [3]

De los 90 al 2003. La cocina de la industria extractiva

En el año 2003 la clase política logra sentar las bases para su recomposición paulatina, luego del cimbronazo que significaron los sucesos del 2001. La intolerancia del pueblo va a ser controlada por una doble vía. Por una parte, atacando los efectos asamblearios, la organización comunitaria, la economía de trueque y el resto de efectos que habían nacido del cruce entre la crisis y la creatividad del pueblo. Por otra, concentrando las posibilidades de elección hacia adentro de la burocracia política, blindando su acceso y habilitando sustituciones progresivas.

En tanto, la salida de la convertibilidad volvería potente una industria nacional que ahora combinaba un tipo de cambio competitivo con un marco legal neoliberal gestado durante los 90. Dicho marco incluía flexibilización laboral, nuevo código minero, impulso y protección legal para los pooles de siembra y privatización de las industrias claves. Al mismo tiempo, el anillo extenso de pequeñas y medianas empresas que rodean a las de mayor envergadura había logrado durante los 90 incorporar tecnología de punta y, para la fecha, dichas empresas se encontraban quebradas o endeudadas.

En el escenario mundial la expansión de mercados emergente gigantescos venía produciendo una inusitada demanda de productos primarios, lo cual empujaría los precios internacionales y trastocaría incluso los modos de producción de esos productos. Las líneas de créditos se encontraban cerradas, pero algunas entidades - en especial el BM (Banco Mundial) - mantenían abiertas las líneas que tenían que ver con el impulso de la actividad extractiva.

En ese escenario la Argentina, con una incalculable reserva de minerales, con recursos energéticos mayormente inexplorados, con una enorme extensión de tierras - que ahora las ‘nuevas tecnologías’ volvían explotables - y sumida en la pobreza, el temor y la confusión, se convertía en una extraordinaria oportunidad para el capital transnacional. Montado sobre el plan IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana) ese capital transnacional lograría finalmente penetrar.

Del 2003 a la fecha. Consecuencias del modelo extractivo en materia de DDHH

Realizar una lista de las violaciones que se vienen sufriendo como producto directo del avance sin reparos del capital transnacional en la Argentina resultaría engorroso. Nos limitaremos a decir que se trata de una lista muy completa y extensa, que en una mirada general abarca desde la censura en los medios, las persecución de los disidentes, la represiones brutales, los desalojos masivos, el envenenamiento de personas por contaminación, la intimidación, el procesamiento, el secuestro y el asesinato.

A estos efectos que forman parte del repertorio ‘tradicional’ de este tipo de industrias vienen a sumarse los novedosos, como es el caso de la utilización de las instituciones relacionadas con los DDHH a favor del capital transnacional. La secretaría de DDHH de la provincia de La Rioja cumple un importante papel protector de un estado provincial claramente vinculado con hechos de represión y persecución a los disidentes del modelo Megaminero que busca imponer. La secretaría brinda institucionalidad, evita denunciar a los implicados, ocupa los canales de comunicación de las instituciones relacionadas con los DDHH, pero utilizándolas a favor de las Megamineras.

En el mismo sentido, en la provincia de Santa Cruz, el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) viene siendo denunciado por operar dentro de las comunidades indígenas en favor de las empresas Megamineras interesadas en catear o explotar sus territorios. En palabras de la familia Limonao: “Llegó el INAI para convencernos de que el uranio no es malo”. [4]
Son sólo dos ejemplos pero sirven para desnudar el poder de mutación del capital transnacional y su renovada capacidad de penetración, asimilando la coyuntura nacional, proclive al discurso de los DDHH, como palanca para potenciarse y avanzar.

Una mutación de este tipo también puede observarse en lo que tiene que ver con los modos de represión que viene desarrollando el Estado. Como lo indica el Informe Correpi 2010 [5], a la represión policial convencional viene a sumarse la tercerización de la represión, la utilización de guardias blancas, patotas sindicales, guardias celestes, que complementan la capacidad punitiva del Estado allí donde la nueva coyuntura impide la utilización directa de las fuerzas policiales.

Haber tomado las banderas históricas de los DDHH y, al mismo tiempo, haber echado a andar el modelo extractivo configura el carácter contradictorio del espacio político Frente Para la Victoria (FPV). Sin embargo, la contradicción no ha devenido en fragilidad. El kirchnerismo goza de una extraordinaria salud que no se explica sólo por sus meritos en gestión, sino sobre todo por ser el único espacio político partidario que ha logrado liberarse del oscuro manto de 2001. Como una isla que emerge del mar revuelto, posee aún el brillo de la novedad.

Lo que efectivamente configura la contradicción es una doble condena: por un lado a la hipocresía, ya que el modelo a imponer es incompatible con cualquier política seria en materia de DDHH y, en tanto se impulsa uno, sepulta el otro. Las fisuras se cubren en parte con el manejo de los medios oficiales pero sobre todo requiere una importante carga de hipocresía, de mirar para otro lado, de no querer saber, o de buscar explicaciones vagas que oculten el evidente sufrimiento de pueblos enteros. Por otro lado, a la estrechez ya que impulsar un modelo de esta naturaleza implica el respeto a un marco de regulación que asfixia las posibilidades de acción política tendientes a buscar el bienestar general y, de este modo, la capacidad de acción queda acotada a lo meramente reparatorio.

Da cuenta de esto último el apotegma “Palos o Cárcel” lanzado por el ministro Aníbal Fernández [6] que no debe endilgársele a su, a veces, abrupta personalidad sino más bien a su poder de síntesis, que logra con elocuencia definir el margen para el respeto a los disidentes que se puede permitir un espacio político que pretende sostener los contratos firmados durante los 90.

Sin embargo, es un escenario de posibilidades muy estrechas como para que quepan los muchos mundos que habitan la Argentina y, a la espera de que caigan las ilusiones, se encuentran los movimientos de resistencia, que siguen allí como reservorio de lo históricamente evidente: si se confía en el capital transnacional como factor de desarrollo no puede esperarse más que la multiplicación de la desigualdad. Si no se interviene sobre las ganancias extraordinarias, no puede redistribuirse más que limosnas. Si se arrincona al pueblo y se lo somete, no puede más que acunarse, tarde o temprano, la revuelta.