La inseguridad, como cualquier otra significación imaginaria, es difícil de definir, ya que se encuentra habitada por una multiplicidad de sentidos socialmente instituidos metabolizados por el colectivo anónimo que la instituye como tal. Por su naturaleza se encuentra sujeta especialmente a la influencia de los medios masivos de comunicación (MMC) y debido a su alta rentabilidad como noticia/mercancía, los sentidos que la nutren tienden a asociarse más con el alto impacto coherente a su comercialización, que con aquellos que podrían orientarnos a la hora de proponernos un debate serio sobre la materia.

Como campo de investigación el escenario aparece doblemente bloqueado. Por un lado su vinculación con actividades ilegales vuelve complejo el acceso a los hechos. Por otro, el debate al respecto se encuentra sepultado debajo de un escenario binarizado que estructuralmente debilita las posibles aproximaciones al tema.

A pesar de ello y valiéndonos de estudios realizados al respecto [1] y algunas reflexiones propias, es posible realizar las siguientes aproximaciones:

América Latina concentra el 8% de la población mundial, sólo el 4% de las armas ligeras en manos civiles y el 40 % de los homicidios cometidos con armas de fuego en todo el planeta. De manera relativamente constante en los diferentes países de la región, entre un 30% y un 40% de la población es victimizada anualmente en diferentes tipos de delitos denunciados o no, lo cual ubica a la cuestión de la inseguridad como una problemática central.

Debido a que responden a dinámicas diferentes y causas específicas es posible diferenciar inseguridad de lo que se denomina “sensación de inseguridad” o “sentimiento de inseguridad”. Este segundo fenómeno se encuentra influenciado principalmente por el impacto de los MMC sobre las subjetividades, y por el “boca a boca” vecinal, barrial, etc. Así como la manipulación mediática del tema es evidente, también lo es que esa manipulación no anula la gravedad de los hechos verdaderamente acaecidos.

Si entendemos como hechos de inseguridad aquellos delitos cometidos contra la propiedad o las personas, que implican el uso de diferentes grados de violencia, nos enfrentamos con un escenario heterogéneo que despliega en sus causas relaciones con un abanico amplio de actividades delictivas que van desde el hurto espontáneo hasta aquellas más organizadas vinculadas con el narcotráfico, la trata de personas, la comercialización de autopartes, etc., cada una de las cuales requiere para su elucidación de un análisis diferenciado.

Resulta lamentable que desde algunos discursos, tanto de derecha como de izquierda, se intente ubicar a la pobreza o la desigualdad como causa del delito. Es evidente que parte de la “mano de obra” ocupada en actividades delictivas es seleccionada entre las barriadas más pobres y postergadas, pero este sólo hecho no indica que existan razones para ubicar a la pobreza o la desigualdad a nivel de la causa.

Como condición para la existencia de cualquier producción social de una “mano de obra calificada” (en este caso aquella capaz de utilizar la violencia en la resolución de conflictos y desarrollar una vida al margen de la ley), es necesaria la vigencia socialmente instituida de un proyecto identificatorio vinculado. Como cualquier otro proyecto identificatorio, el que tiene que ver con la actividad delictiva se encuentra sancionado socialmente, vincula aspectos subjetivos, familiares, culturales, económicos; posee condiciones materiales concretas que lo viabilizan, sufre las variaciones que los avatares del socio-histórico le imponen y puede ser interrumpido en tanto se anulen las condiciones para su producción y reproducción.

En consecuencia, los abordajes de la problemática no pueden ser sino integrales. Por caso, un aumento de las penas a quienes cometen estos delitos no anula la vigencia del proyecto en marcha. Una mejora en las condiciones materiales de los barrios más carenciados no asegura de por sí la desarticulación de estos proyectos [2]. Lo mismo ocurre con la modernización de los equipamientos de las fuerzas policiales, la construcción de cárceles o el desarme civil. Se trata en todos los casos de medidas que pueden impactar sobre el funcionamiento del sistema con mayor o menos eficacia pero que no poseen condiciones para su desarticulación.

Ahora bien, ¿existe en la Argentina una fuerza política libre de solidaridades con los grandes negocios ilegales y que además posea la capacidad técnica, económica e intelectual que le permita diseñar y llevar a cabo un plan de desarticulación de los proyectos vigentes?

Entiendo que no.

¿Qué otras fuerzas sociales podrían colaborar en la resolución de la problemática de la inseguridad?

La organización popular al modo de asambleas abiertas y con capacidad de erigirse como la voz y la acción de un territorio común ha mostrado, en el escenario socio-ambiental, una notable eficacia para orientar y dirigir procesos complejos, hacer circular información útil para el análisis de la problemática, diagramar la agenda política, dar continuidad y vigencia a medidas de gobierno, y controlar su correcta aplicación.

Teniendo en cuenta que la inseguridad es claramente un problema común a un territorio dado, es licito pensar que el espacio asambleario podría ocuparse de esta amenaza social con posibilidades de éxito. Para ello es necesario, como lo fue en los principios de la conformación de las asambleas socio ambientales, arrebatarle a los MMC y al poder político el dominio que ostentan actualmente sobre la información respecto de la problemática, para así comenzar a propiciar un debate serio que vaya desplegando posibles líneas de acción.