¿Qué ocurre? ¿Qué nos ocurre con la salud mental en estos tiempos? ¿Acaso es posible separar el deterioro y retroceso económico social de la suerte de cada quien en su vida?

Algunos hemos recibido por las redes sociales un video en el que un antropólogo deja a distancia una cesta de frutas y a un grupo de niños les propone que ese premio será para aquel que corriendo más rápido llegue primero. Varios niños sudafricanos corren tomados de las manos y una vez alcanzado el trofeo lo distribuyen para satisfacción y alegría de todos. Asombrado, el promotor del juego recibe por toda explicación la palabra “Ubuntu”, es decir, “cómo uno de nosotros podría estar feliz si todos los demás están tristes”, expresión que en su lengua originaria significa que se es persona a causa de los demás.  [1]

Si un 32,9% de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza, según las últimas cifras emanadas del observatorio de la U.C.A. [2], estamos hablando de 14,5 millones de personas que no tienen acceso a bienes sustanciales para una existencia digna. Se trata de una sociedad en la que un tercio de la población no llega a la “cesta de frutas”. Está demás apuntar que en tales condiciones la salud mental es un bien esquivo.

Un reciente estudio del Conicet y el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) muestra que se triplicaron los problemas de salud mental en los más de 232000 despidos y suspensiones que hubo en el 2016. Como principales damnificadas entre los trabajadores surgen las mujeres y el grupo etario de 46 años y más. [3]

Para las sociedades acechadas por el neoliberalismo la única posibilidad en estos tiempos de producir algún nivel de equidad queda pendiente de la capacidad de distribución del Estado. La teoría del derrame o la caridad y beneficencia son alternativas sin sustentabilidad.
Por el contrario, la política actual apunta a un vaciamiento de ese Estado, lo que se observa lastimosamente en las políticas de salud y salud mental.

Podríamos, a grosso modo, establecer cuatro ejes de evaluación y análisis a saber:

• Legislación
• Instituciones
• Epidemiología
• El Estado de la Salud Mental

Como es sabido, a fines de 2010 se sancionó la Ley Nacional de Salud Mental 26657 considerada por expertos nacionales e internacionales como una normativa de avanzada en la materia. Fue luego reglamentada en 2013. Además el Nuevo Código Civil recoge sus lineamientos y reformuló algunas pautas legales con respecto a discapacidad, curatela, derechos humanos y salud mental.

La Ley Nacional al ser de orden público se supone de cumplimiento obligatorio para todo el país. No obstante algunos distritos han adherido ratificando mediante leyes propias la normativa nacional o bien tienen leyes similares (Ej. Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

En los últimos años se han venido presentando las denominadas “leyes por patología” como es el caso de la Ley de Trastorno del Espectro Autista (Ley TEA) o la Ley de Trastornos Específicos del Aprendizaje (Ley de Dislexia), ambas sancionadas pero aún no reglamentadas.

Aparentemente resulta un recurso a favor de la población afectada. Sin embargo, muchas instituciones y profesionales se han manifestado en desacuerdo por cuanto, por una lado buscan reparar la falta de una efectiva cobertura y accesibilidad de asistencia que el Sistema no logra garantizar y debiera hacerlo, mientras que al no modificar las condiciones de posibilidad reales los resultados terminan siendo los mismos o peores.

Además las supuestas patologías (TEA, DEA, ADHD y muchas otras) son referenciadas en la Clasificación de Trastornos Mentales (DSM) de la Asociación Psiquiátrica Americana  que en su 5ta. Versión (DSMV) ha incluido tal cantidad de modificaciones y agregados que alarmó a gran parte de los profesionales incluso aquellos que como el Dr. Allen Frances participaron de la elaboración de la versión anterior (DSM 4). [4] [5]

Se procura establecer a la fuerza la unicausalidad en la etiología de los trastornos como de origen neurobiológico, lo que además de no estar probado como causa única y directa, omite las otras líneas causales y factores que concurren en las problemáticas siempre complejas (factores ambientales, familiares, socioeconómicos, institucionales).

Se comprueba luego que, al no haber un trabajo interdisciplinario a nivel de diagnóstico y eventual tratamiento, el rótulo que surge de pruebas diagnósticas de cuestionable validez y confiabilidad, obra a la manera de un estigma, acrecentando el padecimiento del afectado y su familia.

Según datos preliminares del Programa Nacional de Epidemiología en Salud Mental (PRONESAM) del Ministerio de Salud de la Nación en el año 2001 existían en la Argentina: 54 instituciones de internación (1 colonia nacional, 11 colonias provinciales y 41 hospitales monovalentes provinciales) con un total de 21000 personas internadas (14000 en colonias y 7000 en hospitales monovalentes)

Desde el año 2001 hasta mayo de 2010 hubo una reducción del 50% de camas monovalentes y sólo ocho provincias no disponían de instituciones monovalentes de práctica manicomial. Sin embargo, si se observa la distribución de camas destinadas a Salud Mental, el 89% seguía siendo monovalente, mientras que la Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, para la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica dentro de los Sistema Locales de Salud, indica que la relación óptima debería ser un 95% de camas polivalentes contra un 5% de monovalentes.

Entre mayo de 2010 y mayo de 2011 hubo una disminución de la cantidad de camas en hospitales monovalentes según información del Ministerio de Salud en el período anterior. Si en mayo de 2010 encontrábamos en Hospitales monovalentes 10.465 camas estas en mayo de 2011 habían pasado a 8914, mientras que las camas en hospitales polivalentes y dispositivos comunitarios habían pasado de 857 y 460 a 1180 y 837 respectivamente.

No se conocen avances actuales en la desmanicomialización y todo indicaría en que vamos en la dirección contraria. [6]

Violencia, abuso, maltrato, depresión, locura, angustia, son algunos de los accidentes de la geografía mental de los argentinos. Un mapa por cierto difícil de bosquejar debido a la escasa información, ausencia de datos hurtados por la ineficiencia, la falta de medios, la improvisación y la necesidad de operar siempre sobre la urgencia. A pesar de este déficit de cifras no es difícil reconocer el malestar de la población que se percibe en las calles, el trabajo, las instituciones, etc.

Y aun cuando pudiésemos obtener estadísticas, habrá algo esencial que escapa a la cuantificación. Como dice Silvia Bleichmar, los pocos datos objetivos de los que disponemos “no dan cuenta sin embargo, tal vez porque es imposible hacerlo, de los múltiples dolores cotidianos, del desgarramiento interior de quienes los padecen: habría que sumergirse hasta el fondo de los seres humanos, tolerar el horror que números y planillas no reflejan, para encontrar allí las imágenes de la devastación sorda a la cual han sido sometidos.” [7]

Entiendo que los cambios impulsados por la actual gestión de gobierno son de orden ético, político y cultural, y no sólo económicos

Si bien el neoliberalismo va imponiendo estos cambios desde hace más de dos décadas, ahora estos han pasado a ser razón de Estado.

Considero que las consecuencias de una política que genera excluidos también determina el modo de los incluidos a partir de lo que llamo el fantasma de la exclusión. Es decir, la amenaza de ser excluido opera de modo fantasmático en los sujetos, administrando entonces modos de inclusión perjudiciales, sobre adaptados, dispuestos al sometimiento y la explotación.

Hay una tendencia cada vez más marcada a la medicalización del campo de la salud mental de la mano de la patologización, donde cada vez más cuestiones de la existencia humana son tratadas en términos de problemas médicos a la manera de padecimientos, síndromes o enfermedades. De este modo, el malestar es interpretado como una enfermedad o daño cerebral individual, se silencian los síntomas y se ocultan los determinantes psicológicos y sociales.

A consecuencia de la psicopatologización comprobamos un aumento exponencial del consumo de psicofármacos, en gran parte por el exceso de diagnósticos de supuestas patologías, una de las más emblemáticas sin duda es el ADD, aunque podemos agregar otras como el TEA (Trastorno del Espectro Autista) o el TOD (Trastorno oposicionista desafiante). La psicopatologización construye enfermedades donde no las hay a partir de signos de malestar, o bien alerta sobre la supuesta gravedad de síntomas que podrían ser leves o transitorios.

Se han reciclado los antiguos parámetros de salud mental vinculados a la normalidad y la adaptación, con criterios de eficacia terapéutica asociados al rendimiento.
Hay un inusitado avance del cientificismo, que en realidad recubre como coartada intereses muy distantes de lo científico, más relativos a los mercados.

Este panorama se encuentra alentado por un Estado que favorece directa y descaradamente los intereses de los grandes monopolios del mercado dejando de lado las necesidades de la población.

Son innumerables los ejemplos con respecto a los programas que han sido dados de baja, achicados o de hecho discontinuados. En un reciente informe [8] el Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental y Adicciones reseña una serie de puntos que aportan información al análisis que realizamos. El siguiente punteo es ilustrativo del retroceso que vivimos:

• Se constata que un importante número de contratos de trabajadores de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones (DNSMA) fueron dados de baja.

• Se dieron de baja programas territoriales dependientes de los Equipos de Abordaje Psicosocial (EAPS).

• Desde enero cesaron las funciones del equipo interdisciplinario de evaluación de personas con causas relativas a la determinación judicial de su capacidad jurídica.

• Se desactivó el programa Casa SIS Salud e Inclusión para personas con padecimiento mental en conflicto con la ley penal. Desde el 29 de febrero de 2016 decenas de usuarios han perdido asistencia psicoterapéutica y psicosocial.

• Mediante el decreto 358/2016 de febrero de este año, se derogó el decreto que creó la Escuela Nacional de Gobierno en Salud Pública “Ramón Carrillo” interrumpiendo abruptamente la formación de más de 620 personas que se estaban capacitando en 4 carreras de posgrado y de 2200 que se encontraban inscriptas para este año.

• Con respecto al Centro de Asistencia a Víctimas del Terrorismo de Estado “Dr. Fernando Ulloa” dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se interrumpieron todas las tareas de capacitación que el Centro brindaba en las diferentes provincias.

• Se han discontinuado las funciones del equipo interdisciplinario que realizaba las evaluaciones de determinación del daño en la salud sufrido en personas víctimas del terrorismo de Estado.  

• Diversos sectores ponen en duda el tratamiento de las adicciones en el marco de la Ley nacional 26.657, cuestionando el Art.4 que las incluye.

• El vaciamiento de recursos y la incertidumbre pone en riesgo el sostenimiento de los dispositivos dependientes de SEDRONAR.

• Varios trabajadores del Centro de Acceso a la Justicia de Villa Moreno de la ciudad de Rosario fueron despedidos poniendo en jaque su continuidad.

• No se renovaron contratos a 75 profesionales del Programa Nacional de Salud Mental dependiente de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación en funcionamiento desde 2011 en la provincia del Chaco.

• No se ha convocado desde diciembre de 2015 al Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental y Adicciones órgano asesor de la Dirección Nacional de Salud Mental en funcionamiento a desde octubre de 2014, integrado por 30 organizaciones (gremios, asociaciones profesionales, redes de salud mental, organizaciones de usuarios, organismos de derechos humanos, unidades académicas).

• Mediante la Resolución 1876 de octubre de 2016 se aprueban las "Normas de Habilitación y Fiscalización de Establecimientos y Servicios de Salud Mental y Adicciones" en donde entre otras medidas regresivas se incluye y se avala la práctica del electroshock y el shock insulínico, como consta en el Artículo 3 del Anexo II de dicha disposición ministerial. Asimismo se desconocen los plazos para adecuar y ajustar la estructura y funcionamiento integral de los establecimientos de conformidad a lo establecido en la legislación como también se vulnera el artículo 13 de la Ley 26657 que plantea que “los profesionales de grado están en igualdad de condiciones para ocupar los cargos de conducción de los servicios y las instituciones”.

• No se ha constituido la Comisión Nacional Interministerial de Políticas en Salud Mental y Adicciones (CONISMA) y el Órgano de Revisión Nacional ha sufrido un cambio de jurisdicción del Ministerio de Justicia al Ministerio de Salud, lo que resulta contradictorio e inconsecuente con la naturaleza de su función.

Atendiendo a este panorama es que la expresión sudafricana ubuntu nos interpela en la construcción de un país para todos en donde la salud mental este distribuida como bien,  de acuerdo a las necesidades de cada ámbito poblacional. Según la dirección  de las políticas gubernamentales nos encaminamos hacia una comunidad en la que unos pocos llegarán al ansiado trofeo y quizás sólo algunos de entre ellos serán capaces de escuchar la tristeza y el malestar de la mayoría.