“La minería ha sido una actividad permanentemente incomprendida, generalmente no alentada en el país. Durante el periodo 1976-1980 la política minera tuvo el objetivo de cambiar esta mentalidad procurando la eliminación de las restricciones para explorar, comercializar y explotar la producción de minerales”. “Para que ello pudiera suceder en la Argentina era necesario modificar la legislación básica. La ley 22095 de octubre de 1979 estableció un nuevo régimen de promoción para el desarrollo de la minería en el país, otorgando beneficios impositivos a los capitales, propugnando el retorno de la iniciativa privada y alentando la inversión de capitales extranjeros en el campo de la minería”. (Fragmento de “Bases para una Argentina Moderna” de José Alfredo Martínez de Hoz).

En la última década del siglo pasado mientras las economías latinoamericanas eran destrozadas por la aplicación de políticas neoliberales, el por entonces vicepresidente del Banco Mundial Laurence Summers (hoy funcionario de la administración Barack Obama) produjo la siguiente observación, que años más tarde se volvería destino de miles:

“¿No debería el banco mundial alentar una mayor transferencia de industrias sucias al tercer mundo? Numerosos países se encuentran muy limpios, por lo que seria lógico que recibieran industrias sucias y residuos industriales, ya que tienen una mayor capacidad de absorción de contaminantes sin que se produzcan grandes costos…los costos de esta contaminación están ligados al aumento o retroceso de la mortalidad; desde ese enfoque, una cierta cantidad de contaminación perniciosa debería ser realizada en países con costos más bajos, con menores salarios, por lo que las indemnizaciones a pagar por lo daños serán también más bajas que en los países desarrollados…Creo que la misma lógica económica, que existe en la exportación de una carga de basura toxica a un país con salarios más bajos, es impecable y debemos tenerla en cuenta. Las sustancias cancerígenas tardan muchos años en producir efectos, por lo que estos serán mucho menos llamativos en los países con una expectativa de vida baja, es decir, en los países pobres donde la gente muere antes que el cáncer tenga tiempo de aparecer.” (Laurence Summers, vicepresidente del banco mundial, memorando, “Cumbre de la Tierra ECO 1992”)

A la instalación y comienzo de ejecución de la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (Plan IIRSA) le siguieron modificaciones legislativas respecto a las diferentes actividades productivo-extractivas involucradas. Ello fue acompañado por una fuerte flexibilización laboral y debilitamiento de los espacios sindicales. En el caso de la minería Argentina, es decir la 6ta reserva de minerales preciosos a nivel mundial, las transformaciones fueron profundas. [1]

Un tufillo común, un “respirar juntos”, amalgamaba coherentemente a empresas como Barrick Gold, gobiernos neoliberales, sindicalismo servicial y consumismo generalizado.

Los comienzos del siglo XXI avizoraron para América latina nuevas esperanzas al desmoronarse los gobiernos que habían acunado el neoliberalismo, dando lugar al crecimiento de espacios políticos antes marginados. Llegan al poder del estado Hugo Chávez en Venezuela (2 de febrero de 1999), Lula da Silva en Brasil (27 de octubre de 2002), Néstor Kirchner en Argentina (18 de mayo de 2003), Tabaré Vázquez en Uruguay (31 de octubre de 2004) Evo Morales en Bolivia (18 de diciembre de 2005) y Rafael Correa en Ecuador (26 de noviembre de 2006).
Considerados de un modo general, estos gobiernos han conseguido en pocos años, logros extraordinarios, difíciles de imaginar en la década que los antecedió, sobre todo en materia de justicia social (al modo de planes sociales,) y educación.
Siguiendo lo que plantea Raúl Zibechi [2] es necesario distinguir entre el grupo integrado por Venezuela-Bolivia-Ecuador, con una fuerte presencia de movimientos sociales con capacidad de presión (agrego: la generación de nuevas constituciones nacionales que reflejan las transformaciones, la nacionalización de los recursos naturales/bienes comunes) del grupo integrado por Brasil, Uruguay y la Argentina que tendrían, siguiendo al autor, un corte mas bien socialdemócrata, con claras alianzas con un sector del capital.

En la Argentina en particular, la reforma de la Corte Suprema de Justicia, el notable incremento del presupuesto para la educación e investigación pública, la nacionalización de las AFJP, la ampliación de las asignaciones familiares, la promulgación de la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y la búsqueda de impulsar las causas en relación al Terrorismo de Estado de los años de plomo, cuentan entre las más profundas iniciativas y reformas llevadas adelante por los gobiernos sucesivos de Néstor y Cristina Kirchner.

Al mismo tiempo se va produciendo en toda la región una acelerada primarización de la producción, imponiéndose una lógica netamente extractivista acompañada en algunos casos, especialmente (pero no únicamente) en el argentino, por la penetración de empresas multinacionales diseñadas por el poder central en sus ejes más significativos, a saber:
Presentan un alto grado de automatización que optimiza al extremo las ganancias y generan muy escasas fuentes de trabajo. Si comparamos la mega minería siquiera con la minería tradicional encontramos que la primera necesita invertir 1 millón de dólares para generar una fuente de trabajo mientras que la segunda genera 100 puestos de trabajo con el mismo monto de inversión.
En cuanto al uso de energías es interesante el caso de la recientemente autorizada Potasio Río Colorado que consumirá 1 millón de m3 de gas por día, generando con ello 386 puestos de trabajo. Esa misma cantidad de gas, pero aplicada a otras actividades genera actualmente en la misma provincia 16 mil puestos de trabajo. [3]
Las exenciones impositivas, la no obligación de liquidar las divisas en el país y el financiamiento de las obras de infraestructura a cargo del estado, completan el panorama extractivista.
En cuanto al peligro de contaminación ambiental las industrias megamineras, petroleras y pasteras se encuentran sin dudas entre las más peligrosas
actividades productivas a nivel mundial. Hablan a las claras sobre estos peligros los 1500 km2 de crudo que cubren actualmente el mar del Golfo de México brotando de la plataforma petrolera de la compañía British Petroleum; el desastre por derrame de residuos tóxicos en el río Mataquito al sur de Chile, responsabilidad de la Pastera CELCO y el colapso del dique de colas de la megaminera Caudalosa Chica, en Huancavelica, Perú que derramó, el pasado mes de junio, unos 5, 7 millones de galones de material barroso toxico afectando 70 Km. aguas abajo.

Esta misma lógica general pudo ser trasladada exitosamente a la agricultura gracias a dos elementos que resultaron claves: el primero de ellos es la utilización de Roundup (Herbicida total de Monsanto) que permite sembrar semillas transgénicas prácticamente en cualquier condición de suelo, utilizando para ellos muy poca mano de obra. El segundo es una legislación que posibilitó y dio marco a la existencia de pooles de siembra, es decir a grupos de inversionistas dueños o más generalmente arrendatarios de cientos de miles de hectáreas. [4]

Volviendo a la mega minería, la historia que mejor da cuenta del estado actual de cosas es la de la provincia de Catamarca, y en especial la localidad de Andalgalá (sede de Minera Alumbrera, la primera megaminera del país).
La empresa comenzó a operar formulando una larga serie de promesas entre las que resaltaba principalmente la generación de empleo a partir de tratar y procesar el material en el país. Actualmente Minera Alumbrera opera conduciendo el material extraído de la montaña por un tubo (mineraloducto) desde su explotación hasta su embarco (vía tren) en estado de barro, sin procesamientos de ningún tipo (mas que los tóxicos necesarios a la explotación y recolección) e incluso sin distinguir con exactitud los minerales que forman el barro. (A la distinción se llega por el análisis que se realiza en el puerto de llegada del material y el Estado Nacional fiscaliza todo el proceso mediante una simple declaración jurada).
En términos de puestos de trabajo, y teniendo en cuenta que Minera Alumbrera comienza a trabajar en el año 1997 vemos que según indican las estadísticas más confiables en Catamarca se pasa de 114 empleos en minería (censo de 1991) a 748 (censo 2001). Al mismo tiempo se observa una caída de los puestos de trabajos generados por la agricultura que pasa de 13.904 a 8357 en el mismo periodo. Si analizamos las tasas de desocupación de la provincia vemos que se mantiene por encima de la media nacional e incluso muestra una ligera tendencia ascendente. [4]

Si analizamos el modo en que la empresa se comporta en materia medioambiental y la relación que se establece con el estado metaregulador, encontramos algunos hechos dignos de alarma, por caso la denuncia por contaminación realizada por el Fiscal Gustavo Antonio Gómez de Tucumán, que mantuvo por un periodo de tiempo en la cárcel al vicepresidente de la empresa. [5]
Entre las consecuencias a la población en general se pueden observar varias. Tal vez la más llamativa es la de los hermanos Aranda, quienes pretendieron embotellar agua mineral a partir de un arroyo que nacía aguas abajo del dique de colas (la pileta en la que mezclan el mineral con cianuro u otras sustancias toxicas y a partir del cual se genera el barro que finalmente se exporta) de Minera Alumbrera. Las aguas que servirían para ser embotelladas como agua mineral sufrieron un gran deterioro como producto de un serio derrame de material barroso por haberse pinchado el mineraloducto. Del material volcado una parte fue recogida del lecho del río y la otra sencillamente enterrada allí, lo cual genero la contaminación de las napas y del cauce del río. La causa penal iniciada por los hermanos Aranda contra Minera Alumbrera avanza muy lentamente y se encuentra con los escollos que los damnificados no dudan en llamar “justicia amiga del poder megaminero”. El Fiscal encargado de la causa penal contra Minera Alumbrera sufre todo tipo de persecuciones, amenazas y sanciones arbitrarias. [6]

Más de una década después de que comenzara a funcionar Minera Alumbrera, los habitantes de Andalgalá, habiendo hecho ya su experiencia en relación a la mega minería y el estado como controlador de ellas, decidieron manifestarse en contra del emprendimiento. Al no encontrar canales formales institucionales habilitados para la expresión de sus demandas se constituyeron en asamblea, siendo clave para darle forma a su última expresión (La asamblea del Algarrobo) el descubrimiento del proyecto Pilciao 16. El estado provincial había otorgado una concesión que permitía explorar y explotar minerales en el subsuelo de la propia localidad de Andalgalá. Como protesta frente a este atropello la asamblea cortó uno de los accesos a la empresa minera, sitio del cual intentó ser desalojada el 15 de febrero de 2010 mediante una brutal represión policial. [7]

Si uno busca generarse una imagen panorámica que permita observar todo el escenario, el Gobierno Nacional parece actuar como un “socio tonto” que protege celosamente a las multinacionales (mediante exenciones impositivas, haciendo la vista gorda en los controles, judicializando la protesta social, utilizando su poder mediático.), no comparte sus ganancias y gasta enormes sumas de dinero para financiar las obras de infraestructura destinadas a atender sus necesidades.
La excepción a la regla la constituyen las retenciones impuestas a la actividad petrolera y sojera que le aseguran una fuerte entrada de dinero y le dan cierta solidez presupuestaria, consolidando así un modelo general netamente extractivista, con sus respectivas consecuencias en cuanto a la acelerada utilización de energía no renovable y los peligros de contaminación ambiental, la profundización de la judicialización de la protesta, escasa generación de puestos de trabajo y una política social centrada en los planes sociales.

Continúa en el próximo número.