Vemos desarrollarse fenómenos paralelos. Por una parte se profundizan experiencias históricas de lucha política y social en toda la región, de distinta vertiente y profundidad en sus transformaciones, que implican allí donde se han producido, claras discontinuidades respecto a las políticas aplicadas durante los “90”. En consonancia con ello, los sectores de poder afectados por estos cambios reaccionan muchas veces de un modo violento y directamente desestabilizador, extraviando en su accionar las caretas “democráticas” que se habían sabido colocar.

Por otra parte, y esta vez en continuidad con las políticas aplicadas en la última década del siglo pasado, vemos desarrollarse y avanzar un modelo de primarización de la economía fuertemente extractivista que responde a las demandas de la corporación multinacional y se encuentra en estrecha relación con la expansión de las economías emergentes, especialmente la china. Frente a estas demandas, que implican la extracción acelerada de materias primas a un ritmo que permita mantener los precios internacionales relativamente bajos, los países de la región no han construido barreras sino que han articulado, siempre afirmativamente, respuestas diversas, ya sea con la expropiación estatal de las industrias claves (ej., petróleo en Venezuela y Bolivia), ya sea dejando operar directamente a las transnacionales a la vez que se le cobran retenciones a las exportaciones (caso de la soja o el petróleo en la Argentina), o sin requerir siquiera esto último (caso de la soja en Uruguay o la mega minería en la Argentina).

Como un síntoma que surge de la fricción entre las continuidades y los cambios, observamos lo que se presenta como una llamativa ausencia de debate respecto al modelo extractivista a imponer o a profundizar, según el caso. Resaltemos que no se trata de cualquier ausencia sino de lo que tiene que ver con los intereses más explícitos y urgentes del poder multinacional en la región.

¿Cómo se escenifica esta ausencia?

Tomemos brevemente los casos de Bolivia y Ecuador, y el de Perú como contrapunto.

En Bolivia, Evo Morales llega al poder sostenido por un largo proceso de acumulación de luchas sociales. A la fecha, su gobierno muestra logros extraordinarios en materia de derechos comunitarios, las autonomías, la aceptación de la justicia comunitaria; en el marco de un enfrentamiento abierto con sectores de una derecha fuertemente desestabilizadora. Por otra parte, se enfrenta en la actualidad con múltiples protestas de distintos sectores: maestros, fabriles, la COB, y desde lo indígena comunitario; grupos que reclaman básicamente sobre los derechos ambientales y el modelo de desarrollo.

En el marco de esta coyuntura Evo produce la siguiente declaración: “Como la derecha no encuentra argumentos para oponerse al proceso de cambio, ahora recurre a algunos dirigentes campesinos, indígenas u originarios, quienes son pagados con prebendas de algunas ONG”. [1] Como señala Zibechi, Evo utiliza los mismos argumentos que se esgrimían en su contra y que resultan tan frágiles ahora como lo fueron antes.

En Ecuador, Rafael Correa no llega al poder empujado por movimientos sociales, sino más bien por una activa participación ciudadana. Desde el comienzo el extractivismo estuvo presente en el gobierno, y particularmente en lo legislativo se presenta en forma de dos leyes: la ley de aguas y la de reordenamiento territorial. Sin una base política sólida va logrando avances que se plasman en el referéndum constitucional y que merecen las reacciones autoritarias de los intereses afectados.

Ahora bien, en cuanto al modelo extractivo no parece haber mayor disenso entre el gobierno ecuatoriano y los sectores desestabilizadores, aunque sí entre estos y algunos movimientos, como la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), que vienen manifestándose en contra de las leyes que posibilitarían la expansión del modelo, y respecto de los cuales Correa declara lo siguiente: “Son gringuitos que ahora vienen en forma de grupitos en ONG. A otros con ese cuento. Esta gente ya tiene la pancita bien llena”. [2]

Más allá de la debilidad argumental que podamos notar en las declaraciones de ambos mandatarios, tal vez respondiendo a las circunstancias apremiantes en las que fueron formuladas, lo que salta a la vista es la imposibilidad de tomar estos reclamos y prestarle oídos desde el poder. La minimización, peyorativización y judicialización de las voces que se levantan contra las actividades productivas extractivas crece de un modo proporcional a la expansión del modelo.

El caso de Perú es ilustrador porque escenifica las directrices generales de lo que un gobierno de derecha puede hacer en esta coyuntura al mismo tiempo que la continuidad que presenta lo extractivo en la región, más allá de los colores políticos e ideológicos. Si para América latina se registró en el período 90-97 un aumento de las inversiones en minería de un promedio de 400%, en Perú fue del 2000% en el mismo periodo, fenómeno que colocó al país como primer exportador mundial de plata. Actualmente la Minería significa el 50% de sus exportaciones, quedando la producción agrícola muy relegada, y como correlato de la profundización del extractivismo vemos aparecer fenómenos asociados, por ejemplo, el desastre ambiental de Huancavelica.

El texto ya célebre “El síndrome del perro del hortelano” [3], del presidente Alan García, es un verdadero tratado del “pensamiento extractivista” y fuente de inspiración para un gobierno que busca Impulsar una serie de decretos pretendiendo explotar la selva amazónica con el fin de comercializar maderas, al mismo tiempo que el petróleo que subyace. Estos decretos alertaron a las comunidades amazónicas, quienes se movilizaron, y del enfrentamiento entre estos y la policía de Alan García se generó lo que trágicamente conocemos como “La masacre de Bagua”. [4]
Se habla de la existencia de fosas comunes y de cadáveres arrojados al río, y aún hoy no sabemos el número de muertos que registraron los enfrentamientos.

Tanto en las derechas, como en las izquierdas, en el oficialismo y en la oposición, estén presentes las banderas de luchas históricas de modo concreto o ficcional, estén plagadas de retórica latinoamericanista o desarrollista o neoliberal; resulta llamativa la coherencia regional respecto a evitar poner en debate lo extractivo. Como dijimos antes, eso significa la imposibilidad de poner en cuestión el designio más profundo del poder central para la región y sus respectivas consecuencias.

Vale preguntarse entonces: ¿Qué significa esta ausencia de debate? ¿Qué es lo que está presentando esta imposibilidad que llama la atención por la prolija y constante presencia en una realidad política regional tan rica y diversa? ¿La prolijidad es heredera del designio? ¿Sólo de él toma su constancia?

Luego: ¿Es posible identificar alguna característica común a las experiencias históricas que se escenifican en el laboratorio político y social que hoy presenta Latinoamérica, que al mismo tiempo que imposibilitan el debate abierto, habilita la coexistencia entre estos movimientos/partidos y las demandas del poder multinacional?

¿Es posible pensar que esta coexistencia esté interpelando un modo de construcción política y en especial un modo de construcción de poder?

¿Qué posibilidades tiene una política de la emancipación en un escenario en el que no se pone en debate lo que aparece como la demanda más clara del poder multinacional?

En un escenario regional que presenta duros enfrentamientos en lo que hace a política partidaria, estas preguntas quedan por fuera y se le va dando de ese modo continuidad a un modelo extractivo-exportador que exhibe claras consecuencias. A grandes rasgos: desocupación crónica y planes sociales para cubrir las necesidades básicas de la población afectada, contaminación ambiental, fuerte concentración de la riqueza y consecuente ampliación de la brecha entre ricos y pobres, uso indiscriminado de los escasos recursos energéticos necesarios para hacer funcionar la industria extractiva, y violación sistemática de los DDHH de las poblaciones afectadas.

En este último punto, la Argentina presenta peculiaridades (que trabajaremos en profundidad en el próximo número) ya que al mismo tiempo que el gobierno nacional ha impulsado de un modo extraordinario las causas que tienen que ver con el terrorismo de estado de los años 70, ha promovido una profundización de la matriz represiva con especial énfasis en los sectores en los que se producen resistencias al modelo extractivista a imponer. Al homologar “Juicio a los Genocidas” con “Política de Derechos Humanos” se consolida este doble movimiento que, acompañado por el cómplice silencio de la mayor parte de la oposición, se configura peligrosamente como una renuncia, al mejor estilo del Estado meta-regulador.